España irá a elecciones el 29 de noviembre
España volverá a las urnas antes de lo previsto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió disolver anticipadamente las Cortes Generales y convocar elecciones para el próximo 29 de noviembre de 2026, poniendo fin a una legislatura iniciada tras las elecciones del 23 de julio de 2023.
La convocatoria quedó formalizada mediante el Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre. La campaña electoral comenzará oficialmente el 13 de noviembre y finalizará el día 27, mientras que las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre.
La decisión llega en un momento de elevada tensión política y social. La dificultad del Gobierno para reunir mayorías parlamentarias, la crisis de la vivienda, los casos de corrupción que han condicionado el debate político durante los últimos meses y, especialmente, la grave crisis migratoria vivida en Ceuta han configurado un escenario en el que las cuestiones relacionadas con inmigración y extranjería tendrán un protagonismo especialmente relevante.
La vivienda, detonante inmediato del adelanto electoral
Aunque la legislatura llevaba meses caracterizada por una creciente dificultad para aprobar iniciativas en el Congreso, el detonante inmediato de la convocatoria fue el rechazo parlamentario de dos decretos impulsados por el Gobierno para intervenir en la crisis de la vivienda.
Las dificultades de acceso al alquiler y a la compra de vivienda, especialmente en las grandes ciudades, se han convertido en uno de los principales problemas sociales del país. Las movilizaciones de las últimas semanas incrementaron todavía más la presión sobre el Ejecutivo y situaron esta cuestión en el centro del debate político.
Tras no conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante sus medidas, Sánchez anunció la convocatoria anticipada de elecciones para el 29 de noviembre. Reuters señala que el presidente tratará de trasladar a la campaña electoral parte de la movilización social generada alrededor de la vivienda, mientras que el Partido Popular presenta un modelo diferente basado, entre otras cuestiones, en aumentar significativamente la construcción de nuevas viviendas y reducir determinados impuestos.
La vivienda será, por tanto, uno de los grandes temas de las próximas semanas, pero difícilmente será el único.
Inmigración y Ceuta entran de lleno en la campaña
La inmigración se había convertido ya en uno de los asuntos centrales de la política española antes de la convocatoria electoral. La crisis registrada en Ceuta durante el verano ha elevado todavía más su importancia.
A finales de julio se produjo una entrada extraordinaria de migrantes desde Marruecos hacia Ceuta. Diferentes estimaciones sitúan en más de 70.000 las personas que cruzaron durante aquellos días, generando una situación excepcional en una ciudad cuya población ronda los 80.000 habitantes. La crisis provocó el despliegue de recursos estatales, la habilitación de centros temporales, procedimientos de identificación y filiación y actuaciones para facilitar retornos y tramitar solicitudes de protección internacional.
El Gobierno reforzó posteriormente los equipos de Policía Nacional y las unidades de Extranjería y Fronteras encargadas de identificar a las personas que permanecían en Ceuta, así como los equipos dedicados a tramitar posibles solicitudes de protección internacional.
La gestión de lo ocurrido ha dado lugar también a una intensa confrontación institucional y política. El Gobierno de Ceuta y el Ejecutivo central mantienen discrepancias sobre las advertencias previas y la coordinación durante las horas anteriores a la entrada masiva, mientras que la Audiencia Nacional ha solicitado comunicaciones relacionadas con aquellos acontecimientos.
Por este motivo, Ceuta ha dejado de ser exclusivamente un asunto fronterizo para convertirse en uno de los grandes temas de la precampaña electoral.
Diferentes modelos de política migratoria
Las diferencias entre los principales partidos en materia migratoria son importantes y podrían tener consecuencias sobre la política de extranjería durante la próxima legislatura.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha desarrollado durante los últimos años una política orientada a ampliar determinadas vías de regularización e integración de extranjeros. Uno de los acontecimientos más importantes de 2026 fue la regularización extraordinaria cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 30 de junio. Según los datos oficiales, se presentaron 1.174.978 solicitudes, de las cuales cerca del 80 % correspondían a autorizaciones por arraigo extraordinario.
Paralelamente, el Ejecutivo había comenzado a preparar una reforma parcial de la Ley de Extranjería y una nueva regulación en materia de asilo para adaptar el ordenamiento español al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. El proyecto planteaba combinar un enfoque garantista con nuevos procedimientos fronterizos destinados a identificar con mayor rapidez quién tiene derecho a protección y quién puede ser objeto de retorno.
El Partido Popular plantea una política más restrictiva en materia de inmigración irregular. Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado contra la regularización extraordinaria realizada en 2026 y ha defendido mayores controles sobre las entradas, antecedentes penales y policiales y la capacidad del Estado para decidir quién puede establecerse en España.
Tras la crisis de Ceuta, el PP ha reclamado además reforzar los procedimientos de devolución, aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad y establecer una presencia permanente de Frontex en la ciudad autónoma.
Vox mantiene una posición todavía más restrictiva. El partido se ha opuesto frontalmente a la regularización extraordinaria, propone incrementar las expulsiones de personas que se encuentren irregularmente en España y plantea limitar determinadas vías de arraigo y acceso a prestaciones.
Las propuestas electorales definitivas todavía deberán concretarse durante las próximas semanas. A 7 de octubre, la campaña oficial ni siquiera ha comenzado, por lo que algunas medidas pueden modificarse o desarrollarse cuando los partidos presenten formalmente sus programas.
¿Qué dicen actualmente las encuestas?
Los primeros sondeos sitúan al Partido Popular como primera fuerza política, pero reflejan igualmente un crecimiento considerable de Vox y una caída del bloque que permitió la investidura de Pedro Sánchez en 2023.
El promedio de encuestas elaborado por DatosRTVE a comienzos de octubre estima 137 diputados para el Partido Popular, 104 para el PSOE, 65 para Vox y alrededor de 10 para el espacio actualmente representado por Sumar. La suma de PP y Vox alcanzaría, según esa fotografía electoral, aproximadamente 202 diputados, claramente por encima de los 176 necesarios para una mayoría absoluta en el Congreso.
Otros análisis recientes sitúan aproximadamente al PP en el 33 % de los votos, al PSOE en el 26 %, a Vox en el 18 %, a Sumar alrededor del 6 % y a Podemos alrededor del 3 %.
Sin embargo, estos datos deben interpretarse con cautela. Todavía faltan más de siete semanas para las elecciones y la campaña oficial comenzará el 13 de noviembre. Además, las elecciones generales de 2023 demostraron que los movimientos producidos durante una campaña pueden alterar significativamente las proyecciones iniciales.
La movilización de los electores, la evolución de la crisis de vivienda, la situación en Ceuta, la inmigración, la economía, los servicios públicos y los casos de corrupción serán algunos de los factores que probablemente determinen cómo evolucionará el voto hasta el 29 de noviembre. Reuters también identifica la economía, la inmigración, los servicios públicos y el debate territorial como algunos de los principales asuntos que marcarán estas elecciones.
¿Qué ocurre ahora con las leyes de inmigración y extranjería?
La disolución del Congreso y del Senado tiene una consecuencia jurídica importante: las iniciativas legislativas que se encontraban en tramitación quedan, con carácter general, caducadas y deberán volver a plantearse en la nueva legislatura.
El propio Congreso explica que, una vez disueltas las Cámaras, los proyectos y proposiciones de ley pendientes dejan de tramitarse. La Diputación Permanente continúa funcionando, pero sus competencias son mucho más limitadas y puede intervenir, entre otras cuestiones, en la convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
Esto significa que las reformas legislativas de extranjería o asilo que todavía no hubieran completado su tramitación parlamentaria podrán verse retrasadas y dependerán de la composición de las nuevas Cortes y del Gobierno que se forme después del 29 de noviembre.
Sin embargo, es importante diferenciar esta situación de los procedimientos administrativos que ya existen.
La convocatoria electoral no paraliza automáticamente los expedientes de extranjería ni deja sin efecto la normativa actualmente vigente. Las solicitudes de residencia, renovaciones, arraigos, autorizaciones para estudiantes, procedimientos de familiar de ciudadano de la Unión, residencia para nómadas digitales, nacionalidad española y demás procedimientos continúan tramitándose conforme a la legislación aplicable.
Por tanto, una persona que actualmente tenga un expediente en curso debe continuar atendiendo sus requerimientos y plazos con normalidad. Tampoco existe motivo para retrasar una solicitud simplemente porque se hayan convocado elecciones.
Lo que puede cambiar es la política migratoria futura.
Las elecciones pueden definir la política de extranjería de los próximos años
El resultado del 29 de noviembre será especialmente relevante para inmigrantes, estudiantes internacionales, trabajadores extranjeros, empresarios, familiares de ciudadanos españoles y europeos y personas que se encuentren actualmente en procesos de regularización.
Una eventual continuidad del actual bloque de Gobierno previsiblemente supondría mantener una orientación semejante a la desarrollada durante los últimos años, centrada en facilitar determinadas vías de migración regular, integración laboral y regularización, aunque con los nuevos mecanismos de control fronterizo derivados del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
Una mayoría parlamentaria diferente podría producir modificaciones importantes. Las posiciones expresadas hasta ahora por PP y Vox apuntan hacia un mayor énfasis en el control fronterizo, los retornos y la inmigración irregular, aunque será necesario esperar a sus programas electorales definitivos y, posteriormente, a los acuerdos que permitan formar Gobierno para conocer qué medidas podrían transformarse efectivamente en normas.
También debe tenerse presente que no toda modificación política puede aplicarse inmediatamente. Buena parte de la normativa española de extranjería está vinculada al Derecho de la Unión Europea, por lo que cualquier Gobierno deberá actuar dentro de las obligaciones europeas en materia de libre circulación, protección internacional, fronteras y derechos fundamentales.
Un 29 de noviembre especialmente relevante para la inmigración en España
España llega a estas elecciones después de uno de los años más intensos de los últimos tiempos en materia migratoria. Una regularización extraordinaria con más de un millón de solicitudes, la adaptación al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y una crisis sin precedentes recientes en Ceuta han colocado la inmigración en el centro del debate nacional.
La vivienda ha sido el detonante inmediato del adelanto electoral, pero la inmigración y la gestión de las fronteras serán previsiblemente dos de los asuntos que más diferenciarán las propuestas de los principales partidos.
Desde Pro Corp continuaremos siguiendo las propuestas electorales y, especialmente, cualquier modificación que pueda afectar a los procedimientos de residencia, extranjería y nacionalidad en España.