El Gobierno de España ha dado un paso relevante en materia de acceso a derechos básicos al aprobar un real decreto que flexibiliza y facilita el acceso a la asistencia sanitaria pública. Aunque muchas personas lo están comentando como una “propuesta”, lo cierto es que el Consejo de Ministros ya ha aprobado la norma, con el objetivo de corregir trabas administrativas que, en la práctica, seguían dejando fuera del sistema a parte de la población, especialmente a personas extranjeras en situación irregular.
Esta decisión se enmarca en la evolución normativa iniciada con el Real Decreto-ley 7/2018, que recuperó el acceso universal al Sistema Nacional de Salud tras las restricciones introducidas años antes. El nuevo desarrollo normativo busca precisamente aclarar el procedimiento y evitar interpretaciones desiguales entre territorios o requisitos que terminaban dificultando el acceso efectivo a la atención sanitaria.
La novedad más importante es que se facilita el acceso a la sanidad pública gratuita para las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa. Entre los cambios más comentados está la eliminación de obstáculos como la exigencia de acreditar tres meses de residencia para acceder a la cobertura sanitaria, una condición que había generado problemas reales para muchas personas migrantes en situación irregular. Además, la acreditación del derecho se simplifica mediante fórmulas más flexibles, como la declaración responsable y distintos medios de prueba de residencia.
En la práctica, esta medida busca que el acceso a la sanidad no dependa de barreras burocráticas difíciles de salvar para quienes no tienen toda su situación documental regularizada. Esto es especialmente importante en un país como España, donde muchas personas extranjeras pasan meses o incluso años intentando encauzar su situación administrativa, mientras necesitan atención médica básica, seguimiento de enfermedades crónicas, controles durante el embarazo o acceso a prevención y diagnóstico temprano.
Desde una perspectiva jurídica y social, el mensaje del Gobierno es claro: la protección de la salud debe aplicarse con un enfoque de universalidad real, no solo formal. El objetivo de la norma es dar mayor seguridad jurídica al reconocimiento del derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos y evitar que la burocracia se convierta en un obstáculo para quienes ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
También conviene destacar que esta medida no afecta únicamente a personas extranjeras en situación irregular. La norma también pretende consolidar la protección de otros colectivos vulnerables y simplificar supuestos que hasta ahora podían generar incertidumbre administrativa. En otras palabras, no se trata solo de una decisión migratoria, sino de una medida de política sanitaria con impacto en salud pública, prevención y cohesión social.
Para muchas personas extranjeras, este cambio puede tener un efecto muy relevante en su vida diaria. Poder acceder al sistema sanitario en condiciones más claras reduce la inseguridad, evita retrasos en diagnósticos y tratamientos y limita situaciones de exclusión que terminan agravando tanto la situación de salud del paciente como la presión sobre los servicios de urgencias. A nivel humano, también supone reconocer que la dignidad y la protección de la salud no deben depender exclusivamente del estado de un expediente migratorio.
En Pro Corp consideramos fundamental seguir de cerca este tipo de cambios, porque muchas decisiones administrativas y legales que afectan a la población migrante no se limitan a permisos de residencia o trabajo. El acceso a la atención sanitaria, la educación, el empadronamiento o los servicios sociales también forman parte de la integración real de una persona en España y pueden influir de forma decisiva en su estabilidad y en la de su familia.
Habrá que seguir atentos a la publicación definitiva y a la aplicación práctica de la norma por parte de las comunidades autónomas y de los servicios de salud, porque en España muchas veces la clave no está solo en lo que dice la norma, sino en cómo se implementa. Pero el sentido del cambio es claro: facilitar el acceso a la sanidad pública y reducir los obstáculos que todavía sufrían muchas personas en situación irregular.
