Italia celebró los días 22 y 23 de marzo de 2026 un referéndum constitucional confirmatorio sobre una de las reformas más emblemáticas del Gobierno de Giorgia Meloni en materia de justicia. La consulta se centró en la llamada separación de las carreras de jueces y fiscales, una vieja bandera de la derecha italiana que finalmente fue rechazada en las urnas. El “no” se impuso con cerca del 54% de los votos frente al 46% del “sí”, con una participación cercana al 60%, un dato alto para una consulta de este tipo y políticamente muy significativo.
¿Qué quería reformar el Gobierno?
La reforma no buscaba cambiar el funcionamiento diario de los tribunales de manera inmediata ni resolver el histórico problema de la lentitud judicial en Italia. Su núcleo era constitucional y afectaba a la estructura de la magistratura. El texto pretendía separar formalmente las carreras de los magistrados que juzgan y de los magistrados que ejercen la acusación, es decir, jueces y fiscales. Además, preveía la creación de dos órganos de autogobierno distintos: uno para la magistratura juzgadora y otro para la magistratura requirente. También incluía una Alta Corte disciplinaria para las cuestiones sancionadoras.
El Gobierno defendía que esta reforma serviría para reforzar la imparcialidad del juez, evitar la excesiva cercanía entre quien acusa y quien decide, y corregir el peso de las corrientes internas dentro del sistema judicial. La oposición y gran parte de la magistratura replicaban que, detrás de ese discurso, existía el riesgo de debilitar la independencia del Ministerio Público y de abrir la puerta a una mayor influencia política sobre la acusación.
Resultado del referéndum y lectura política
El resultado fue una derrota clara para Meloni. El rechazo popular no solo tumbó una reforma constitucional muy simbólica, sino que rompió la imagen de invulnerabilidad electoral que la primera ministra había cultivado en los últimos años. Reuters subrayó que esta fue su primera gran derrota política desde que llegó al poder y que el resultado dio nuevo impulso a la oposición de centroizquierda, especialmente al Partido Democrático y al Movimiento 5 Estrellas.
En términos jurídicos, la consecuencia inmediata es sencilla: la reforma no entra en vigor. Italia mantiene, por tanto, su modelo tradicional, en el que jueces y fiscales siguen formando parte del mismo orden autónomo e independiente, con un marco de autogobierno compartido. En términos políticos, el golpe es más profundo: el referéndum se convirtió en un juicio sobre la capacidad del Gobierno para cambiar la arquitectura institucional del Estado y el electorado le dijo que no.
¿Por qué Italia es distinta en esta materia?
La singularidad italiana está en su diseño constitucional. La Constitución italiana establece que la magistratura constituye un orden autónomo e independiente de cualquier otro poder, y el actual artículo 104 configura un único Consejo Superior de la Magistratura presidido por el Presidente de la República. Ese consejo administra la carrera tanto de jueces como de fiscales. Además, la tradición italiana ha tratado a ambos como integrantes de una misma profesión, la de los magistrados.
GRECO, el órgano anticorrupción del Consejo de Europa, describió precisamente ese rasgo como uno de los elementos distintivos del sistema italiano: jueces y fiscales forman parte de la misma profesión, pueden pasar de una función a otra y disfrutan del mismo grado de autonomía respecto del Gobierno. Esa configuración explica por qué en Italia la discusión sobre separar las carreras tiene una carga constitucional y política tan intensa.
¿Por qué Italia no se parece a muchos países de la UE?
Aunque en Europa no existe un único modelo de Fiscalía, el patrón más extendido fuera de Italia no es el de una identidad tan fuerte entre juez y fiscal. El Consejo de Europa ha explicado que en algunos países la Fiscalía forma parte del poder judicial, pero en otros funciona como un cuerpo autónomo o está vinculada en mayor o menor medida al poder ejecutivo. También señala que, cuando existe autogobierno de la acusación, a menudo se articula mediante órganos propios de fiscales o mediante estructuras separadas, no necesariamente compartidas con la carrera judicial.
Por eso Italia se aparta de muchos sistemas europeos, sobre todo de Europa occidental. El contraste con España es muy claro. Un estudio comparado del Consejo de Europa recuerda que, mientras la Constitución italiana otorga a los fiscales la misma independencia de carrera que a los jueces e incluso los integra en la misma carrera jurídica, la Constitución española trata al Ministerio Fiscal como un cuerpo distinto, de estructura jerárquica, dirigido por un Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno. En España, el Consejo General del Poder Judicial no gobierna la carrera de los fiscales.
Ese contraste ayuda a entender el fondo del debate italiano. Para los partidarios de la reforma, Italia debía acercarse a modelos europeos donde acusación y jurisdicción están más claramente separadas. Para sus detractores, el sistema italiano no es una anomalía que deba corregirse, sino una garantía histórica de independencia frente al poder político, nacida del rechazo al autoritarismo y al control gubernamental de la justicia.
Consecuencias a medio plazo
La consecuencia más evidente es que el sistema italiano seguirá funcionando como hasta ahora. No habrá dos consejos superiores separados ni una nueva arquitectura constitucional para distinguir con mayor nitidez la carrera del juez y la del fiscal. Pero el debate no desaparece. La separación de carreras seguirá siendo un tema central de la política italiana porque toca un punto muy sensible: el equilibrio entre independencia judicial, autonomía del fiscal y control democrático del poder punitivo del Estado.
Para Pro Corp, este episodio deja una lección interesante: en Europa, incluso dentro de la Unión Europea, no existe un modelo único de justicia. Italia ha querido parecerse más a otros sistemas, pero el electorado ha preferido mantener una tradición constitucional propia, en la que jueces y fiscales siguen perteneciendo al mismo orden autónomo. Y eso, precisamente, es lo que hace que el caso italiano siga siendo tan particular dentro del panorama europeo.
