Elecciones en España: Qué propone cada candidato sobre inmigración

La inmigración y la extranjería se han convertido en algunos de los asuntos centrales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El aumento de la población extranjera, la inmigración irregular, las necesidades del mercado laboral, las regularizaciones, las expulsiones y el acceso a la nacionalidad española forman parte de un debate que ha ganado cada vez más peso en la política nacional.
Las diferencias entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno son especialmente amplias. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau plantean modelos distintos sobre quién debe poder entrar en España, cómo deben regularizarse quienes ya se encuentran en el país, qué requisitos deben exigirse para obtener la residencia o la nacionalidad y cuál debe ser la respuesta del Estado frente a la inmigración irregular.
Para los extranjeros que actualmente viven en España o tienen previsto trasladarse al país, el resultado electoral puede tener consecuencias importantes. Muchas de las propuestas planteadas durante la campaña afectarían directamente a procedimientos de residencia, arraigo, contratación de trabajadores extranjeros, asilo, expulsiones y nacionalidad.
Pedro Sánchez: Más vías legales, regularización e integración
Pedro Sánchez plantea mantener en líneas generales la política migratoria desarrollada durante los últimos años, basada en combinar control fronterizo con una ampliación de las vías legales de entrada y una mayor integración de los extranjeros que ya viven y trabajan en España.
Uno de los elementos más importantes de esta política ha sido la regularización extraordinaria impulsada durante 2026. El Gobierno ha defendido que mantener durante años a cientos de miles de personas trabajando y viviendo en situación irregular favorece la economía sumergida y dificulta su integración laboral, fiscal y social.
El PSOE considera que España seguirá necesitando inmigración para cubrir determinadas necesidades del mercado laboral y responder al envejecimiento de la población. Por este motivo, plantea reforzar la contratación en origen y facilitar que determinados trabajadores puedan llegar legalmente a España cuando existan sectores con dificultades para cubrir puestos de trabajo.
También propone mejorar y agilizar los procedimientos administrativos, facilitar la homologación de títulos extranjeros y desarrollar el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, con medidas relacionadas con empleo, formación, educación, sanidad e integración social.
En materia de asilo, Sánchez mantiene una posición favorable a preservar y ampliar las vías legales de protección internacional y reforzar el sistema público de acogida.
El modelo socialista parte, por tanto, de asumir que la inmigración continuará creciendo y que la prioridad debe ser canalizar una mayor parte de esos movimientos mediante procedimientos legales, facilitar la incorporación laboral y regularizar determinadas situaciones de personas que ya se encuentran establecidas en España.
Alberto Núñez Feijóo: Inmigración vinculada al empleo y mayores requisitos para residencia y nacionalidad
Alberto Núñez Feijóo plantea un endurecimiento significativo de la política migratoria actual, aunque distingue expresamente entre inmigración legal e inmigración irregular.
El Partido Popular sostiene que España necesita trabajadores extranjeros, pero considera que el número y perfil de quienes entren en el país debe estar más relacionado con las necesidades reales del mercado laboral, los niveles de desempleo y la capacidad de los servicios públicos y del mercado de la vivienda.
Entre sus propuestas figura establecer cupos anuales de inmigración laboral y desarrollar un sistema de visados por puntos en el que puedan valorarse cuestiones como la formación, la experiencia profesional, el conocimiento del idioma y la capacidad de integración.
Para determinados sectores se facilitaría la contratación desde el país de origen y también se contempla la posibilidad de crear visados temporales para búsqueda de empleo.
Al mismo tiempo, Feijóo quiere impedir por ley nuevas regularizaciones masivas. El arraigo podría mantenerse, pero con un carácter mucho más excepcional e individualizado.
El PP plantea también introducir mayores obligaciones de integración para determinados extranjeros que quieran renovar sus autorizaciones de residencia, incluyendo el aprendizaje del español y conocimientos relacionados con la Constitución, las instituciones y determinados valores fundamentales.
En materia de inmigración irregular, Feijóo propone acelerar los procedimientos de identificación, asilo y retorno, aumentar la cooperación con los países de origen y utilizar con mayor intensidad los instrumentos europeos para facilitar las devoluciones.
El Partido Popular también contempla la posibilidad de desarrollar acuerdos con terceros países seguros y condicionar determinadas políticas de cooperación y concesión de visados a que los países de origen colaboren efectivamente en la readmisión de sus nacionales.
Uno de los cambios más importantes planteados por Feijóo afecta a la nacionalidad española. El PP quiere aprobar una nueva Ley de Nacionalidad que establezca mayores exigencias de integración.
Entre los requisitos planteados se encuentran acreditar residencia legal y continuada, conocimiento suficiente del español, conocimientos sobre historia, cultura, instituciones y valores constitucionales, buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de determinadas obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
El PP pretende mantener, no obstante, un tratamiento preferente para ciudadanos procedentes de países de la comunidad hispánica debido a los vínculos históricos, culturales y lingüísticos con España.
Feijóo también ha criticado la interpretación utilizada durante la aplicación de la conocida como Ley de Nietos, vinculada a la Ley de Memoria Democrática. Su partido sostiene que debe garantizarse la nacionalidad a quienes puedan acreditar correctamente su condición de descendientes de españoles, pero ha cuestionado que determinadas instrucciones administrativas hayan ampliado excesivamente los supuestos previstos originalmente por la ley.
Durante esta campaña también ha surgido otra propuesta del PP que algunos medios han denominado “ley de nietos vasca”. Se trata de un asunto completamente diferente y no constituye una nueva vía para obtener la nacionalidad española.
La propuesta pretende reconocer determinados derechos electorales autonómicos a descendientes de personas que abandonaron el País Vasco o Navarra como consecuencia del terrorismo de ETA. La idea sería permitir que esos descendientes pudieran participar en determinadas elecciones tomando como referencia el municipio del que tuvo que marcharse su familiar.
Se trata todavía de una propuesta política que necesitaría desarrollo legislativo y tendría que superar las cuestiones constitucionales y electorales que pudiera plantear.
Santiago Abascal: Expulsiones, remigración y prioridad para los españoles
Santiago Abascal presenta el modelo más restrictivo de los cuatro candidatos en materia migratoria.
Vox considera que España ha alcanzado unos niveles de inmigración excesivamente elevados y propone reducir significativamente las nuevas llegadas, especialmente aquellas que se produzcan de forma irregular.
Abascal plantea prohibir cualquier nueva regularización masiva y establecer que una persona que haya entrado irregularmente en España no pueda utilizar posteriormente ese tiempo de permanencia para acceder a mecanismos de regularización.
Una de las reformas más importantes sería la eliminación del arraigo como vía para obtener una autorización de residencia.
Respecto a quienes ya se encuentran en España en situación irregular, Vox propone reforzar las repatriaciones y desarrollar una política denominada “remigración”.
Este concepto incluiría no solo la expulsión de personas que se encuentren irregularmente en España, sino también medidas destinadas a favorecer el retorno a sus países de origen de determinados extranjeros que, según los criterios planteados por el partido, no se encuentren integrados o dependan de determinadas ayudas públicas.
Abascal propone igualmente deportar a extranjeros condenados por delitos graves o que acumulen determinados delitos y reforzar el retorno de menores extranjeros no acompañados con sus familias cuando resulte posible.
En materia de nacionalidad, Vox quiere aumentar los requisitos para obtener la ciudadanía española y revisar aquellas concesiones que considere fraudulentas.
También plantea ampliar las circunstancias en las que una persona que haya adquirido la nacionalidad y no sea española de origen pueda perderla después de ser condenada por determinados delitos especialmente graves, siempre dentro de los límites constitucionales y evitando situaciones de apatridia.
Otra de las principales diferencias de Vox respecto al resto de candidatos es la denominada prioridad nacional.
El partido propone dar preferencia a los ciudadanos españoles en determinadas viviendas públicas, ayudas, guarderías, transporte y prestaciones sociales.
También plantea limitar determinadas prestaciones para extranjeros en situación irregular, restringir su acceso a algunos servicios públicos fuera de situaciones de urgencia y establecer mayores requisitos administrativos para determinadas actividades económicas o contractuales.
Vox defiende que la inmigración debe reducirse y adaptarse estrictamente a las necesidades de España, frente a un modelo basado en regularizaciones o en un crecimiento sostenido de la población extranjera.
Ada Colau: Regularización permanente, más derechos y cierre de los CIE
Ada Colau plantea una política migratoria prácticamente opuesta a la defendida por Vox y claramente más abierta que las propuestas del PSOE y el Partido Popular.
Frente Amplio considera que buena parte de los problemas actuales de extranjería proceden de las dificultades administrativas que encuentran las personas para regularizar su situación y propone una reforma profunda de la Ley de Extranjería.
Una de sus principales propuestas sería establecer mecanismos permanentes de regularización.
Esto significaría no depender exclusivamente de regularizaciones extraordinarias aprobadas cada cierto número de años, sino crear un procedimiento estable mediante el cual determinadas personas que se encuentren en España puedan regularizar su situación si cumplen una serie de condiciones.
Colau también propone culminar los procedimientos derivados de la regularización iniciada en 2026 y evitar que una persona quede excluida simplemente porque la Administración no haya resuelto su expediente dentro del plazo previsto.
Otro de los objetivos sería agilizar radicalmente el funcionamiento de las oficinas de extranjería.
Frente Amplio quiere reducir los tiempos para obtener citas, reforzar las plantillas administrativas y acabar con los problemas existentes en determinadas provincias donde conseguir una cita puede convertirse en una de las principales dificultades para iniciar un procedimiento.
También plantea facilitar el empadronamiento, agilizar la homologación de títulos extranjeros y garantizar un mayor acceso de los inmigrantes a determinados servicios administrativos y bancarios.
En materia de asilo y fronteras, Colau propone cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros y limitar considerablemente las políticas de devolución inmediata.
También quiere establecer mayores mecanismos de supervisión sobre las actuaciones en la Frontera Sur y reforzar las garantías para las personas que solicitan protección internacional.
Frente Amplio propone igualmente crear una Agencia de Asilo que permita centralizar y agilizar la gestión de estos procedimientos.
El planteamiento de Colau parte de considerar que la irregularidad administrativa debe reducirse mediante vías más accesibles para obtener documentación y permisos de residencia, en lugar de mediante un aumento de las expulsiones.
Cuatro modelos migratorios para la España de los próximos años
Las elecciones generales del 29 de noviembre presentan cuatro modelos claramente diferenciados sobre el futuro de la inmigración y la extranjería en España.
Pedro Sánchez apuesta por mantener y ampliar las vías legales de inmigración, facilitar la integración y recurrir a mecanismos de regularización para extranjeros que ya se encuentran establecidos en el país.
Alberto Núñez Feijóo plantea una inmigración más vinculada a las necesidades del mercado laboral, acompañada de mayores exigencias de integración, más control sobre la inmigración irregular y requisitos más estrictos para acceder a la nacionalidad española.
Santiago Abascal propone una reducción considerable de la inmigración, la eliminación del arraigo, un aumento de las repatriaciones, políticas de remigración y mayores restricciones para acceder a determinadas prestaciones y a la nacionalidad.
Ada Colau defiende ampliar las posibilidades de regularización, facilitar los procedimientos administrativos, cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros y reforzar las garantías de quienes solicitan asilo o protección internacional.
Muchas de estas propuestas no entrarían en vigor automáticamente después de las elecciones. Algunas necesitarían reformas de la Ley de Extranjería, del Código Civil u otras normas, mientras que determinadas medidas dependerían también del Congreso de los Diputados, de los tribunales y de las obligaciones que España mantiene dentro de la Unión Europea.
Sin embargo, el resultado electoral sí puede marcar un cambio importante en la orientación general de la política migratoria española.
Para los extranjeros que viven actualmente en España, quienes están tramitando una residencia o nacionalidad y quienes tienen previsto trasladarse al país, seguir la evolución de estas propuestas será especialmente importante durante los próximos meses.
Desde PRO CORP continuaremos analizando cualquier modificación legislativa que pueda afectar a los procedimientos de extranjería, residencia, inmigración y nacionalidad española después de las elecciones generales del 29 de noviembre.


