El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular aprobada por el Gobierno de España ha finalizado. Lo que inicialmente fue presentado como una medida destinada a beneficiar a unas 500.000 personas ha terminado superando ampliamente todas las previsiones. Según las cifras conocidas al cierre del procedimiento, se habrían registrado alrededor de 1,3 millones de solicitudes, convirtiéndose en la regularización más amplia realizada en España hasta la fecha y superando incluso la llevada a cabo en 2005. Aunque el Gobierno deberá depurar los datos para eliminar posibles duplicidades, la magnitud del proceso refleja el enorme volumen de personas que aspiraban a acogerse a esta medida extraordinaria.
Una demanda muy superior a la prevista
El procedimiento extraordinario estuvo dirigido a personas extranjeras que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y cumplían los requisitos establecidos por el Real Decreto aprobado por el Gobierno. La previsión inicial del Ejecutivo era que alrededor de 500.000 personas solicitarían la regularización. Sin embargo, el número de expedientes presentados prácticamente ha triplicado esa estimación.
Este incremento ha supuesto una enorme presión para la Administración, que ahora deberá analizar individualmente cada solicitud antes de dictar una resolución. El propio Ministerio de Inclusión ya había advertido durante el procedimiento que los datos provisionales podían contener duplicidades y que sería necesario un proceso de depuración antes de conocer el número definitivo de expedientes válidos.
Comienza la revisión de más de un millón de expedientes
Con el cierre del plazo de presentación no finaliza el procedimiento. Al contrario, comienza la fase más compleja de todo el proceso administrativo.
Cada expediente deberá ser revisado individualmente para comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales, entre ellos la permanencia en España antes del 1 de enero de 2026, la ausencia de antecedentes penales y el resto de condiciones previstas en la normativa. Solo tras esa revisión podrán concederse las correspondientes autorizaciones de residencia.
Por ello, aunque el número de solicitudes resulte extraordinario, todavía no puede afirmarse que todas ellas terminarán siendo aprobadas. El volumen definitivo de autorizaciones dependerá del resultado del examen individual de cada expediente.
El Tribunal Supremo cuestiona la compatibilidad del proceso con el Derecho de la Unión Europea
El cierre del procedimiento coincide además con un importante acontecimiento jurídico.
El Tribunal Supremo ha abierto la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si determinados aspectos de esta regularización extraordinaria son compatibles con el Derecho comunitario.
Las dudas del Alto Tribunal se centran especialmente en si algunas disposiciones del Real Decreto pueden entrar en conflicto con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y con la normativa europea en materia de retorno de extranjeros en situación irregular. En concreto, el Supremo cuestiona que pueda concederse una autorización de residencia temporal en determinados supuestos sin aplicar previamente el régimen de retorno previsto por la legislación europea.
Es importante señalar que el Tribunal Supremo no ha declarado ilegal la regularización. Lo que ha hecho es plantear dudas sobre su posible compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea y valorar la necesidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interprete el alcance de la normativa comunitaria antes de resolver definitivamente los recursos presentados contra el Real Decreto. Mientras tanto, el procedimiento continúa su tramitación.
Una medida con importantes consecuencias migratorias y políticas
La regularización extraordinaria constituye una de las decisiones migratorias más relevantes adoptadas por España en las últimas décadas. Su dimensión trasciende el ámbito estrictamente administrativo y tendrá importantes efectos sobre el mercado laboral, la Seguridad Social, la planificación de los servicios públicos y el futuro de la política migratoria española.
Al mismo tiempo, la medida ha generado un intenso debate político y jurídico. Mientras el Gobierno sostiene que responde a una necesidad humanitaria, económica y de integración social, distintos gobiernos autonómicos y partidos políticos consideran que la regularización podría entrar en conflicto con el marco normativo europeo, cuestión que ahora deberá analizar el Tribunal Supremo y, eventualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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