La reciente aprobación parlamentaria en Portugal de una reforma de la Ley de Nacionalidad ha reabierto un debate jurídico y político muy sensible: si un Estado puede retirar la nacionalidad a quienes ya la han adquirido cuando cometen delitos especialmente graves. Lo primero que conviene aclarar es que Portugal no ha aprobado una retirada general de la nacionalidad portuguesa para cualquier condenado, sino una reforma más concreta, ligada sobre todo a nacionalizados y dentro de un paquete más amplio de endurecimiento del acceso a la ciudadanía.
La reforma fue aprobada por el Parlamento portugués el 1 de abril de 2026, con el apoyo de los partidos de centroderecha, derecha y liberales. Junto al cambio de la ley de nacionalidad, se aprobó además una modificación del Código Penal para introducir la posibilidad de pérdida de nacionalidad como pena accesoria en supuestos de criminalidad grave.
Ahora bien, jurídicamente el punto más importante es este: la medida no supone que Portugal vaya a dejar apátrida a una persona por haber cometido un delito. La cláusula se ha planteado para supuestos muy delimitados y, según las explicaciones que han acompañado la reforma, se dirige a personas que hayan adquirido la nacionalidad portuguesa y que además conserven otra nacionalidad, precisamente para evitar problemas constitucionales e internacionales vinculados a la apatridia.
Tampoco se trata, al menos según la información pública disponible, de cualquier infracción penal. Las referencias más consistentes sobre el texto aprobado apuntan a delitos graves castigados con penas de prisión elevadas, dentro de una lógica de excepcionalidad. Además, la reforma también endurece las condiciones para obtener la nacionalidad en el futuro, elevando los requisitos de residencia y reforzando el examen de integración y antecedentes. El Gobierno portugués también confirmó que la nueva ley aprobada por el Parlamento refuerza las exigencias y los vínculos efectivos con la comunidad nacional.
Otro elemento esencial es que la reforma todavía no equivale automáticamente a derecho vigente aplicable sin más. Tras su aprobación parlamentaria, el texto aún debe completar el recorrido institucional correspondiente. En Portugal, una ley de esta naturaleza puede ser promulgada, vetada o remitida al Tribunal Constitucional para control preventivo. Ese matiz es especialmente relevante porque versiones anteriores de esta misma reforma ya habían suscitado objeciones constitucionales. Por tanto, a día de hoy, más que hablar de una retirada inmediata y automática de nacionalidades, lo correcto es decir que Portugal ha aprobado políticamente una reforma que abre esa posibilidad, pero cuyo encaje definitivo aún depende del cierre del procedimiento institucional.
Desde una perspectiva de extranjería y movilidad internacional, esta noticia envía además un mensaje claro: Portugal está girando hacia un modelo más exigente en materia de acceso y conservación de la nacionalidad. Ya no se trata solo de cuánto tiempo debe residir una persona para naturalizarse, sino también de qué nivel de integración, arraigo y conducta penal considera aceptable el Estado portugués para mantener ese vínculo jurídico. En otras palabras, la nacionalidad portuguesa se encamina a ser más difícil de obtener y, en ciertos casos extremos, también más vulnerable a perderse una vez concedida.
Para quienes ya están pensando en solicitar la nacionalidad portuguesa, o para quienes la obtuvieron por residencia, esta reforma obliga a seguir muy de cerca la evolución de la norma y, sobre todo, su redacción final. En temas de nacionalidad, un pequeño cambio legal puede tener consecuencias enormes sobre plazos, requisitos, seguridad jurídica e incluso sobre la propia estabilidad del estatus adquirido. Por eso, más que reaccionar con titulares alarmistas, conviene analizar con precisión qué se ha aprobado, qué falta todavía para su entrada en vigor y a quién podría afectar realmente.
