La tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ha entrado en una nueva fase. El primer ministro israelí acusó recientemente a España de librar una “guerra diplomática” contra Israel, aseguró que no está dispuesto a tolerar esa “hostilidad” y ordenó excluir a los representantes españoles del centro de coordinación de Kiryat Gat. Sus palabras llegaron después de que Sánchez calificara de “intolerable” el desprecio de Netanyahu por la vida y por el derecho internacional tras los ataques israelíes en Líbano.
La respuesta española no se hizo esperar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechazó las acusaciones israelíes y las calificó de “absurdas y calumniosas”, mientras el Gobierno insistió en que su posición responde a la defensa del derecho internacional y no a animadversión alguna contra el pueblo judío. Madrid sostiene que actúa como un aliado responsable de la legalidad internacional, aunque Israel ha respondido que España ha perdido legitimidad como interlocutor y actúa con un sesgo antiisraelí.
Este choque no es un episodio aislado. Desde el comienzo de la guerra de Gaza, España ha ido acumulando decisiones y gestos políticos que la han situado entre los países europeos más beligerantes contra el Gobierno israelí. Moncloa afirma que ya había apoyado actuaciones ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, impulsado resoluciones en Naciones Unidas, detenido la venta de material militar a Israel, aumentado la ayuda humanitaria a Gaza y promovido el reconocimiento internacional del Estado palestino. En septiembre de 2025, Sánchez anunció además nueve medidas adicionales, entre ellas consolidar por ley el embargo de armas a Israel, prohibir el tránsito por puertos españoles de buques con combustible para las fuerzas armadas israelíes, denegar la entrada en el espacio aéreo español a aeronaves estatales que transporten material de defensa con destino a Israel, vetar la entrada en España de personas directamente implicadas en genocidio, crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos en Gaza, y prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales.
A todo ello se suma la ofensiva diplomática española en el seno de la Unión Europea. Sánchez pidió esta misma semana suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, y Reuters ha señalado que España se ha convertido en uno de los críticos más contundentes de las campañas militares de Israel y de Estados Unidos en la región. El propio Sánchez llegó a presumir ante el Congreso de que España fue “la primera” en alzar la voz en el Consejo de Exteriores de la UE y de que había “movilizado a toda la Unión Europea”. Por eso no resulta exagerado afirmar que España ha casi liderado la ofensiva política europea contra Israel, al menos en el plano del discurso y de la presión institucional.
Las fricciones diplomáticas se han ido acumulando. Israel denunció como antisemita la prohibición española a barcos y aviones con armamento con destino a Israel, y en marzo Reuters informó de que España había retirado de forma permanente a su embajador en Israel, profundizando una crisis bilateral que ya venía deteriorándose desde el reconocimiento español del Estado palestino y las restricciones sobre el tránsito de material militar. En paralelo, Madrid ha seguido convocando o respondiendo diplomáticamente ante incidentes relacionados con Líbano y con el trato dado por Israel a militares o representantes internacionales.
En ese contexto se produjo además un episodio simbólico que ha agravado todavía más el malestar israelí. En El Burgo, un municipio malagueño, se utilizó una figura gigante de Netanyahu en la tradicional “quema de Judas”, una ceremonia local de larga trayectoria. La efigie, de unos siete metros y cargada con pólvora, fue explosionada durante la festividad. El Gobierno israelí reaccionó con enorme dureza, reprendió al principal diplomático español en Tel Aviv y afirmó que lo sucedido era una muestra de “odio antisemita” alimentado por la “incitación sistémica” del Gobierno de Sánchez. La respuesta española fue rechazar de plano esa acusación y reiterar su compromiso contra el antisemitismo y contra cualquier forma de odio.
Ese episodio local no equivale, naturalmente, a una política de Estado. Pero sí ilustra hasta qué punto se ha contaminado el clima político y simbólico entre ambos países. La crítica a Netanyahu y a la actuación militar israelí en Gaza o Líbano convive cada vez más con un lenguaje extremadamente duro, y ahí es donde se sitúa una de las grandes controversias actuales: mientras el Gobierno español insiste en que está señalando posibles crímenes internacionales y defendiendo la legalidad internacional, Israel y algunos de sus defensores consideran que España ha cruzado una línea y ha alimentado un entorno hostil. De hecho, esa postura del Gobierno español hay quienes la califican incluso de antisemita, una acusación que el Ejecutivo rechaza tajantemente.
La clave política de fondo es que España ya no se limita a expresar preocupación humanitaria, sino que ha pasado a una estrategia de confrontación diplomática abierta con el gabinete de Netanyahu. El cierre del espacio aéreo español a aeronaves vinculadas al conflicto con Irán, la reapertura de la embajada española en Teherán como “apuesta por la paz”, las críticas a los ataques sobre Líbano y la insistencia en que Israel actúa con impunidad muestran un patrón de actuación mucho más duro y sostenido que el de otros socios europeos.
En definitiva, la reciente carga verbal de Netanyahu contra España no surge de la nada, sino que es la consecuencia de una escalada diplomática prolongada. España ha pasado de la crítica política a la adopción de medidas concretas de presión y de aislamiento, y Netanyahu ha decidido responder con represalias diplomáticas y con una ofensiva retórica sin precedentes. El resultado es una de las mayores crisis bilaterales entre Madrid y Jerusalén en décadas, en un momento en el que la política exterior española ha querido convertirse en referencia europea de la presión contra Israel, aunque el precio de esa estrategia sea una creciente ruptura con el Gobierno israelí y acusaciones cada vez más graves en ambos sentidos.
