Desde el 16 de abril de 2026 está en marcha en España la regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación irregular, un proceso que podrá solicitarse hasta el 30 de junio de 2026 y que el propio debate público ha descrito como la mayor regularización en décadas. El Gobierno la ha defendido como una medida para integrar a personas que ya viven en España y darles acceso a residencia y trabajo, mientras distintos medios y analistas sitúan su alcance potencial entre medio millón y hasta 750.000 solicitudes. El BOE confirma, en todo caso, que el plazo efectivamente se extiende hasta el 30 de junio.
La norma prevé una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, con una vigencia de un año renovable y habilitación para trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en toda España. Además, el procedimiento puede tramitarse por vías presenciales y telemáticas, con apoyo de oficinas de Extranjería, Correos, Seguridad Social, abogados y entidades colaboradoras, aunque desde el primer día ya se han detectado saturaciones y problemas operativos.
Entre la documentación más importante que se exige figuran la copia del documento de identidad o pasaporte, la acreditación de la permanencia en España dentro del periodo exigido, el pago de la tasa correspondiente y la prueba de al menos una circunstancia habilitante, como haber trabajado o contar con oferta o plan laboral, tener vínculos familiares en España o encontrarse en situación de vulnerabilidad social. También se permite incluir a determinados familiares cercanos en la solicitud.
Sin embargo, el gran cuello de botella del proceso está siendo la obtención de los antecedentes penales del país de origen o de los países en los que la persona haya residido en los últimos cinco años antes de entrar en España. El decreto exige aportar ese certificado o documento equivalente, y si el solicitante acredita que lo pidió y no lo recibió en un mes, puede activarse una vía excepcional para que las autoridades españolas intenten recabarlo diplomáticamente. Pero esa alternativa no elimina el problema: el procedimiento puede quedar suspendido hasta tres meses, y si finalmente no llega el certificado, el expediente puede terminar archivado si no se aporta en el plazo concedido. Por eso, los antecedentes penales ya se han convertido en el principal obstáculo práctico para miles de personas.
A esta dificultad se suma otra polémica especialmente sensible: la diferencia entre antecedentes penales y antecedentes policiales. El Gobierno insiste en que la regularización no está pensada para delincuentes y que se excluye a quienes representen una amenaza para el orden público o tengan antecedentes penales, pero al mismo tiempo la norma permite una valoración individualizada de la información policial y no una exclusión automática por la mera existencia de antecedentes policiales. Esa matización ha generado una fuerte controversia política, porque para la oposición de derechas esa flexibilidad abre la puerta a regularizar perfiles que no deberían beneficiarse de la medida, mientras el Ejecutivo responde que una anotación policial sin condena no puede tener el mismo valor que una condena penal firme.
En conexión con lo anterior, otro de los puntos más discutidos es la declaración responsable prevista para los casos en los que el interesado ha solicitado los antecedentes penales a su país y no ha recibido respuesta en el plazo de un mes. En ese supuesto, la persona debe aportar el justificante de haber pedido el certificado, una declaración responsable manifestando que no obtuvo contestación y una autorización para que las autoridades españolas intenten conseguir el documento por vía diplomática. Jurídicamente, esa solución busca evitar que el solicitante quede completamente bloqueado por la inacción de su país de origen, pero políticamente ha sido presentada por algunos sectores como un mecanismo demasiado flexible para un trámite de esta magnitud.
La dimensión administrativa del proceso también está generando una enorme tensión. El primer día, asociaciones, abogados y organizaciones de apoyo denunciaron un aluvión de consultas, llamadas y correos, y la propia plataforma oficial sufrió incidencias. A ello se une que varias oficinas y servicios vinculados al procedimiento ya están desbordados y que incluso se ha anunciado una huelga indefinida en oficinas de Extranjería a partir del 20 de abril, en un momento especialmente delicado. El sistema arranca, por tanto, con una presión muy fuerte sobre una Administración que ya arrastraba retrasos y acumulación de expedientes.
El colapso no se limita a las oficinas de Extranjería en sentido estricto. En Madrid, por ejemplo, también se ha informado de la saturación de la oficina que expide el certificado de la tarjeta de transporte, un documento que puede servir para acreditar permanencia continuada en España cuando faltan otras pruebas. Esa saturación ilustra bien un problema de fondo: aunque la regularización se presenta como un gran proceso de inclusión, su éxito real dependerá de que los solicitantes puedan reunir a tiempo la documentación y de que la Administración tenga capacidad material para tramitar cientos de miles de expedientes en apenas unos meses.
En el plano político, la medida ha sido recibida con entusiasmo por organizaciones sociales y con durísimas críticas por parte de la derecha. Alberto Núñez Feijóo la ha descrito como una regularización “a granel” y ha acusado al Gobierno de apartarse del enfoque europeo de mayor control migratorio. Otras voces de la oposición y medios afines han ido aún más lejos y sostienen que esta regularización, unida a otras medidas de flexibilización migratoria, responde también a una lógica política de largo plazo: incorporar a cientos de miles de nuevos residentes que, con el tiempo, podrían engrosar un censo electoral más favorable a la izquierda.
Ese argumento se refuerza, para sus críticos, por el perfil demográfico de algunos de los colectivos que previsiblemente más se beneficiarán del proceso y por el debate paralelo sobre futuras vías de acceso a residencia y nacionalidad. Desde esa óptica, la regularización no sería solo una respuesta social y administrativa a una realidad migratoria consolidada, sino también una decisión con posibles efectos políticos futuros. El Gobierno rechaza tajantemente esa interpretación y defiende que se trata de dar seguridad jurídica, derechos y obligaciones a personas que ya forman parte de la sociedad española.
En definitiva, la regularización extraordinaria que comenzó el 16 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio es, sin duda, una de las decisiones más relevantes en materia migratoria adoptadas en España en los últimos años. Puede beneficiar a medio millón personas y marcar un antes y un después en la política de extranjería, pero también ha arrancado entre dudas, cuellos de botella documentales, saturación administrativa y una intensa batalla política sobre sus consecuencias reales. La gran incógnita ahora no es solo cuántas personas podrán acogerse a ella, sino cuántas lograrán superar los obstáculos documentales y burocráticos a tiempo.
