El Brexit ha supuesto uno de los giros más significativos en la política migratoria europea de las últimas décadas. Con la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea, consumada el 31 de enero de 2020 y completada con el cierre del período de transición el 31 de diciembre del mismo año, se abrió una nueva etapa en la que los vínculos tradicionales entre el Reino Unido y los países del continente europeo, así como con otras regiones del mundo, especialmente América Latina, se han transformado de manera profunda. Para los ciudadanos iberoamericanos, que constituyen un grupo cada vez más interesado en establecerse en Europa y el Reino Unido por razones profesionales, académicas o familiares, este cambio ha supuesto nuevas oportunidades, pero también una serie de desafíos que requieren una comprensión clara del nuevo marco jurídico y migratorio.
Uno de los efectos más inmediatos y notables del Brexit ha sido el fin de la libertad de circulación de personas entre el Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea. Esto ha supuesto la ruptura con un principio fundamental de la UE, que durante décadas permitió a los ciudadanos comunitarios residir, trabajar o estudiar en el Reino Unido sin necesidad de visados ni permisos especiales. Desde enero de 2021, esta libertad ya no aplica, y los ciudadanos de la UE deben someterse a controles migratorios y cumplir con los mismos requisitos que cualquier otro ciudadano extranjero. Aquellos ciudadanos europeos que ya residían legalmente en territorio británico antes del 31 de diciembre de 2020 pudieron acogerse al llamado EU Settlement Scheme, un mecanismo que les permitía obtener un estatus de residencia temporal o permanente. Sin embargo, quienes no se inscribieron en este sistema antes del cierre del plazo, o quienes deseen mudarse al Reino Unido a partir de 2021, se enfrentan a un sistema completamente nuevo.
El Reino Unido ha establecido un sistema de inmigración basado en puntos, inspirado en modelos como el australiano, que busca atraer talento internacional cualificado y reducir la llegada de mano de obra no especializada. Este sistema evalúa a los solicitantes en función de criterios como la formación académica, el dominio del idioma inglés, la existencia de una oferta de empleo formal por parte de una empresa autorizada, el nivel salarial ofrecido y otros aspectos que el gobierno británico considera prioritarios para su economía. La Skilled Worker visa se ha convertido en una de las vías principales para acceder al mercado laboral británico, y su obtención requiere no solo cumplir con los requisitos técnicos, sino también superar una serie de procedimientos administrativos y documentales cada vez más rigurosos. Para muchos ciudadanos de la Unión Europea, esta transformación ha significado el paso de un régimen abierto a uno más exigente, lo que ha generado una caída significativa en el número de trabajadores europeos en sectores como la agricultura, la hostelería, el transporte y la construcción, todos tradicionalmente dependientes de la mano de obra europea poco cualificada.
Este nuevo contexto también ha alterado las posibilidades de los ciudadanos de América Latina. Si bien históricamente los nacionales latinoamericanos siempre necesitaron visados para trabajar o residir en el Reino Unido, el nuevo sistema, al suprimir los privilegios que antes se otorgaban a los ciudadanos de la UE, ha establecido una cierta igualdad de condiciones para todos los extranjeros. Esto significa que hoy, un ciudadano colombiano, argentino o mexicano con una buena formación académica, dominio del inglés y una oferta de empleo cualificada puede competir en condiciones similares con un ciudadano español, italiano o francés. Esta reconfiguración ha abierto nuevas puertas para profesionales latinoamericanos en áreas como la tecnología, la salud, la ingeniería o la educación, especialmente si cuentan con el respaldo de un empleador británico autorizado por el Home Office.
No obstante, este nuevo modelo migratorio también ha endurecido muchos de los trámites y ha incrementado significativamente los costes asociados. Solicitar una visa de trabajo implica el pago de tasas elevadas, la acreditación de un nivel adecuado de inglés mediante pruebas oficiales, la contratación de un seguro médico o el abono del Immigration Health Surcharge, una tasa que permite el acceso a la sanidad pública británica durante el período de vigencia de la visa. Además, el proceso de patrocinio por parte de un empleador británico no es automático ni sencillo, ya que la empresa debe estar registrada como sponsor y asumir ciertos compromisos legales y económicos. Para muchos ciudadanos iberoamericanos, estos obstáculos hacen indispensable contar con asesoramiento jurídico especializado que les ayude a preparar su solicitud con garantías y evitar errores que puedan derivar en denegaciones o retrasos.
El Brexit también ha afectado a otras formas de migración como el estudio, el turismo y la reagrupación familiar. En el ámbito académico, los estudiantes europeos que antes podían ingresar sin restricciones al Reino Unido ahora deben tramitar una Student visa si desean cursar estudios superiores por más de seis meses. Esta visa exige demostrar admisión en una institución autorizada, solvencia económica para cubrir los gastos de matrícula y manutención, y un conocimiento mínimo del idioma. Este mismo régimen se aplica para estudiantes latinoamericanos, lo que significa que la competencia y los requisitos se han equiparado, eliminando las ventajas anteriores de los ciudadanos de la UE. En el caso del turismo, los ciudadanos de la Unión Europea ya no pueden entrar al Reino Unido con su documento de identidad nacional, sino que deben presentar pasaporte en vigor, y si bien pueden permanecer hasta seis meses sin visado, deben justificar su estancia en frontera si se les requiere. Para los nacionales de América Latina, el régimen de entrada sin visado para estancias cortas se mantiene para algunos países como México, Chile, Argentina o Uruguay, pero sigue siendo necesario tramitar una visa para otros como Ecuador, Bolivia o República Dominicana.
En cuanto a la reagrupación familiar, el Reino Unido ha reforzado los controles y ha impuesto requisitos más estrictos. Para traer a un familiar directo al país, ya sea cónyuge, hijo o padre dependiente, es necesario demostrar vínculos familiares legítimos, estabilidad económica, medios para mantener al familiar sin recurrir a ayudas públicas y en muchos casos superar umbrales salariales. Este proceso puede resultar largo, costoso y complejo, y muchas solicitudes son denegadas por fallos en la documentación, deficiencias en las pruebas o por no cumplir con los estándares exigidos por el Home Office.
En este nuevo escenario migratorio, marcado por el fin de la libre circulación, el endurecimiento de los requisitos y la introducción de un sistema más técnico y meritocrático, el papel del asesoramiento legal cobra una importancia fundamental. En Pro Corp, comprendemos las necesidades específicas de nuestros clientes procedentes de América Latina, y ofrecemos un acompañamiento integral desde la planificación inicial hasta la obtención del visado y la posterior renovación o modificación del estatus migratorio. El Brexit ha cambiado las reglas del juego, pero no ha cerrado todas las puertas. Con la estrategia adecuada, la documentación correcta y un respaldo profesional sólido, aún es posible construir un futuro en Europa.
Fecha de publicación: Jueves 16 de Abril 2025