Italia ha anunciado una reforma profunda en su legislación sobre nacionalidad que marca un giro radical en su política de ciudadanía por descendencia. Hasta ahora, Italia permitía a los descendientes de ciudadanos italianos, incluso a varias generaciones de distancia, solicitar la nacionalidad mediante el principio del ius sanguinis, sin importar si el solicitante tenía contacto con el país o hablaba el idioma. Esta flexibilidad convirtió al pasaporte italiano en uno de los más solicitados por personas en América Latina, especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay, donde millones de personas descienden de inmigrantes italianos.
Sin embargo, el gobierno liderado por Giorgia Meloni ha decidido endurecer las condiciones. A partir de ahora, sólo podrán solicitar la nacionalidad italiana quienes sean hijos o nietos de una persona nacida en Italia. Esto deja fuera a los bisnietos, tataranietos y generaciones posteriores, incluso si pueden demostrar el vínculo sanguíneo. La medida fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, quien afirmó que se busca frenar lo que calificó como «comercialización de los pasaportes italianos». Tajani subrayó que la nacionalidad italiana debe ser una condición seria, no una herramienta que se herede de forma ilimitada sin ningún tipo de vínculo real con el país.
Además de limitar la transmisión generacional de la ciudadanía, la reforma contempla que quienes obtengan la nacionalidad italiana nacidos y residentes en el extranjero deberán acreditar un vínculo concreto y efectivo con Italia al menos una vez cada 25 años. Aún no se ha especificado cómo se materializará este requisito, pero se prevé que implique el ejercicio de derechos civiles, pago de impuestos, o incluso participación activa en actividades culturales o comunitarias italianas. También se ha anunciado que todos los trámites serán centralizados en una oficina especial en Roma, lo que busca descomprimir a los consulados italianos, actualmente saturados por el volumen de solicitudes.
Este cambio legislativo en Italia forma parte de una tendencia cada vez más clara dentro de la Unión Europea. Diversos países miembros están endureciendo sus requisitos para conceder la nacionalidad, en un contexto donde la migración, la identidad nacional y la integración se han vuelto temas sensibles en el debate político. En Alemania, se han añadido pruebas más estrictas de integración; en Francia, se ha incrementado el nivel de exigencia lingüística; y en los Países Bajos se han endurecido los controles sobre los antecedentes penales y el tiempo de residencia continua.
Este clima generalizado de mayor rigurosidad contrasta con la existencia de programas completamente legales y regulados en otros países fuera de la UE que facilitan la obtención de una segunda nacionalidad mediante inversión económica. Estos programas, comúnmente conocidos como «ciudadanía por inversión», permiten acceder a un pasaporte válido a través de mecanismos como donaciones a fondos nacionales o adquisición de bienes raíces.
Por ejemplo, en Dominica, un ciudadano extranjero puede obtener la nacionalidad con una donación de 100.000 dólares estadounidenses al Fondo de Desarrollo Económico del país. En Antigua y Barbuda, se ofrece la ciudadanía a cambio de una inversión similar, con la única condición adicional de pasar al menos cinco días en el país durante los primeros cinco años. Vanuatu, un pequeño estado insular del Pacífico Sur, ha ganado notoriedad por ofrecer su nacionalidad en menos de dos meses a quienes aporten desde 130.000 dólares. Granada no solo otorga la ciudadanía desde 150.000 dólares, sino que también permite a sus nuevos ciudadanos solicitar la visa E-2 para emprender o invertir en Estados Unidos, gracias a tratados bilaterales. Turquía, por su parte, ofrece la nacionalidad a quienes adquieran una propiedad por al menos 400.000 dólares, sin necesidad de residir en el país, hablar el idioma o cumplir con requisitos adicionales.
Estos casos, si bien pueden parecer curiosos, responden a políticas públicas estratégicas diseñadas para atraer capital extranjero y fomentar el desarrollo económico. No se trata de prácticas opacas ni ilegales, sino de programas estatales perfectamente regulados y promovidos por los propios gobiernos.
La disparidad entre el endurecimiento de las leyes de nacionalidad en Europa y la flexibilidad de estos programas fuera de la UE pone en evidencia que adquirir una nacionalidad es hoy un proceso profundamente condicionado por la coyuntura política, económica y diplomática de cada país. Para los ciudadanos iberoamericanos que buscan establecerse en Europa, esto representa una llamada de atención: Las condiciones favorables que existen hoy pueden cambiar en cualquier momento. En el caso de España, por ejemplo, los nacionales de países iberoamericanos pueden solicitar la nacionalidad por residencia tras solo dos años de residencia legal, una ventaja que no está garantizada de forma permanente.
En Pro Corp acompañamos a nuestros clientes en cada paso del proceso migratorio con una visión estratégica y personalizada. Nuestro equipo de abogados y asesores trabaja con un profundo conocimiento de los marcos legales europeos y latinoamericanos, y está comprometido con ofrecer soluciones viables, honestas y ajustadas a la realidad normativa de cada país. En tiempos de cambios constantes, nuestro valor está en brindar claridad, anticipación y seguridad jurídica.
Porque migrar no es solo un trámite, es una decisión de vida que merece estar sustentada por información verificada, planificación adecuada y respaldo profesional. Y en un mundo donde los pasaportes ya no se heredan con la misma facilidad, tener un plan legal y bien estructurado puede marcar la diferencia entre una oportunidad cumplida y una puerta cerrada.
Fecha de publicación: Lunes 31 de marzo 2025